El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha solicitado que los trámites de extranjería realizados por personas extranjeras en España sean llevados a cabo exclusivamente por abogados colegiados, con el fin de garantizar un asesoramiento jurídico de calidad y proteger los derechos de un colectivo especialmente vulnerable.
Esta petición se ha hecho en el marco de las observaciones presentadas en la consulta pública sobre el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE), un sistema previsto en el artículo 197.4.c) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre.
Un registro para dar seguridad jurídica
El RECE tiene como objetivo facilitar el acceso de las personas extranjeras a los procedimientos administrativos en materia de extranjería y dotarles de mayor seguridad jurídica en su relación con la Administración.
La Abogacía recuerda, no obstante, que la inclusión de personas físicas y jurídicas en este registro debe realizarse bajo requisitos estrictos, que aseguren el conocimiento especializado de la normativa y la adecuada defensa de los derechos de los migrantes.
Solo abogados colegiados
En palabras del propio Consejo:
“Entendemos que es imprescindible que dichos trámites sean realizados por abogados colegiados, como profesionales ejercientes en cualquiera de los 83 colegios de la abogacía que existen en el Estado español”.
Con ello, se busca no solo reconocer el trabajo que realizan los profesionales de extranjería, sino también reforzar la confianza en un sistema que afecta de manera directa a la vida de miles de personas.
Formación continua y especialización
El CGAE también ha recordado que los colegios de abogados realizan una importante labor de formación continua en materia de extranjería y protección internacional, lo que garantiza que los profesionales estén actualizados frente a los cambios normativos y las nuevas exigencias de la práctica.
Reunión con el Ministerio de Justicia
En paralelo, la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía mantuvo una reunión con el subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia, José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez.
En dicho encuentro se abordaron problemas prácticos que afrontan los profesionales, como la dificultad para acceder a los registros civiles y obtener citas, así como los retrasos en los trámites de nacionalidad, especialmente en las juras. La Abogacía ha reclamado que se establezca un horario específico para abogados y abogadas, que permita acompañar adecuadamente a sus clientes.
Conclusión
Con estas propuestas, la Abogacía refuerza la idea de que la defensa de los derechos de las personas extranjeras requiere la intervención de profesionales jurídicos cualificados, garantizando así no solo seguridad jurídica, sino también igualdad de trato y protección frente a posibles vulneraciones.
