El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante,
RGPD), que establece de forma directa las normas aplicables en esta materia en la UE. En el
Considerando 115 de la Exposición de Motivos del RGPD se recoge que los Estados miembros
de la UE tienen que establecer normas específicas relativas al tratamiento de datos personales de
los trabajadores. Pero, esta actuación no solo podrá llevarse a cabo a través de leyes, sino también
se puede desarrollar mediante convenios colectivos, no solo de sector, sino incluso también de
ámbito empresarial.

Por otra parte, en el ámbito español, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales
, en adelante LOPD, en su artículo 91 señala
que los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades
relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de
derechos digitales en el ámbito laboral. En este caso, el papel de los convenios se determina como
garante de derechos fundamentales.

Establecido el marco legal del papel de la negociación colectiva en el ámbito de la protección de
los datos personales de las personas trabajadoras
, vamos a analizar qué están regulando los
convenios colectivos en esta materia y para ello hemos examinado una muestra de convenios
colectivos
aprobados en 2022 sobre el uso de dispositivos digitales y la videovigilancia y el uso de los instrumentos de geolocalización.


I. En primer lugar, vamos a analizar el uso de dispositivos digitales y la videovigilancia


En ocasiones, como en el Convenio colectivo de elaboradores de productos cocinados para su
venta a domicilio, se pone de manifiesto de forma general la limitación de la norma de protección
de datos personales en estos controles de forma excesivamente genérica: “Las personas
trabajadoras tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su
disposición por la empresa, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos
de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en
materia de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. A tal efecto, en las
empresas, y con la intervención de la representación legal de los trabajadores, se establecerán
los oportunos protocolos que implementen y desarrollen esta serie de derechos y obligaciones”.
El artículo 87 de la LOPD regula el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el
ámbito laboral y determina que los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los
dispositivos digitales
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su
intimidad
. En este ámbito, algunos convenios colectivos recogen cómo se puede llevar a cabo este
obligatorio protocolo. Por ejemplo, el Convenio colectivo de la industria fotográfica, pone de
manifiesto que “se les entregará las instrucciones relativas a procedimientos, métodos,
protocolos de uso de dispositivos, herramientas y soporte técnico que se hayan puesto en marcha
como consecuencia de la implantación del trabajo a distancia, así como todo lo relativo a
confidencialidad, protección de datos y medidas de vigilancia y control de las personas
trabajadora”.
Más completo es el IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los
servicios del sector del metal
, que regula de forma más exhaustiva las cuestiones que atañen al
control de medios informáticos y videovigilancia. Se inicia recogiendo los principios generales
de aplicación a este ámbito: “El tratamiento de datos en las empresas se regirá por el principio
2 de intervención mínima y proporcionalidad al fin pretendido, así como por las disposiciones
comunes contenidas en este capítulo. Las personas que accedan a los datos personales de las
personas trabajadoras deberán guardar el deber de secreto y confidencialidad
respecto de la
información a la que tuvieran acceso en el transcurso del desarrollo de su actividad”, para luego
poner de manifiesto que estas obligaciones subsisten después de finalizar sus relaciones con el
titular de los datos o con la empresa”.

Además, concreta las actuaciones empresariales a desarrollar por la empresa con el fin de
“acceder a los contenidos derivados del uso de los medios digitales facilitados a la persona
trabajadora”. Se entregará a las personas trabajadoras los criterios de utilización, en cuya
determinación participará la representación legal de los trabajadores. En concreto, hay que
establecer en la normativa interna, entre otras cuestiones: el uso y acceso a los sistemas, uso de
correo electrónico de la empresa, instalación de programas o almacenamiento de la información,
así como la definición del acceso al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya
admitido su uso para fines privados
.

En concreto, sobre la videovigilancia, el convenio analizado limita la utilización de sistemas
similares para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo y la aplicación de los límites legales
al tratamiento de los datos, previa información a las personas trabajadoras.


II. En segundo lugar, sobre el uso de los instrumentos de geolocalización


La geolocalización suele ocupar algo más asiduamente a la negociación colectiva que la
videovigilancia y los medios informáticos, aunque igualmente la extensión de su regulación es
muy variada, no tanto su contenido.

Por ejemplo, el IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los
servicios del sector del metal, señala que su aplicación está limitada por el derecho a la intimidad
y recoge la necesaria información sobre el uso de los dispositivos a las personas
trabajadoras. “Igualmente, deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión”
. Por otro lado, “se establece la
obligación de las empresas de garantizar que, cualquier dispositivo de geolocalización
implantado, cese o deje de estar operativo a partir del momento en que finalice la jornada laboral
de la persona trabajadora”
. En esta redacción, si bien se recogen obligaciones genéricas en
relación con la geolocalización, sin embargo, sirve de recordatorio sobre los principales límites
aplicables al control empresarial en relación con estos instrumentos.

A veces es mucha más parca la regulación, limitándose a recordar que existen límites al control
empresarial. Así, el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas
secundarias, señala que “los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el
ejercicio de las funciones de control de los trabajadores se ajustarán lo dispuesto en la
legislación vigente”
.

Artículo escrito por María Cristina Ortiz